Registro de la memoria colectiva del conflicto armado en Colombia: un estado de la cuestión

Marta Lucía Giraldo

Profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología
Universidad de Antioquia (Colòmbia)

mgiraldo@bibliotecologia.udea.edu.co

Resumen [Abstract] [Resum]

Objetivo. Indagar acerca de la relación que establecen los investigadores del conflicto armado colombiano entre memoria y archivos.

Metodología. Desde la perspectiva de los estados del arte, analizamos la información secundaria producida y divulgada en Colombia, en la última década, sobre memoria colectiva del conflicto. El estudio de la producción documental nos permitió desvelar las características presentes en la descripción, el análisis y la interpretación que hacen los investigadores. Esto es, trascendimos la mera recopilación y ordenamiento de los estudios para formular hipótesis y trazar caminos para seguir estudiando el tema.

Resultados. Este artículo se deriva de un balance de las investigaciones producidas en la última década en Colombia que toman las expresiones de la memoria colectiva como núcleo para el análisis del conflicto armado. En el caso concreto de los archivos, los trabajos analizados permiten hacer un diagnóstico de su situación en relación con la protección a los derechos humanos en el país, del que se desprenden tres grandes temas. En primer lugar, la necesidad de realizar un inventario de los archivos de derechos humanos, acervos dispersos que abarcan una amplia gama, entre ellos: archivos gubernamentales, de organismos de víctimas y familiares y de defensa de los derechos fundamentales, comisiones investigadoras y tribunales judiciales, colecciones particulares conformadas en torno a personas o temas que actúan o se abordan durante el conflicto. En segundo lugar, se manifiesta la urgencia de recopilar los materiales y organizar los acervos, entre ellos los que recogen los efímeros testimonios de las víctimas, que han servido de sustento a los investigadores. En tercer y último lugar, se hace referencia a la importancia de pensar, desde la disciplina archivística, el papel fundamental que cumplen los archivos en tanto memoria y testimonio de la sociedad, especialmente en un país tan golpeado por la violencia en donde las víctimas carecen, muchas veces, de los documentos para hacer valer sus derechos.

1 Introducción

En Colombia, aunque el debate por la memoria no es un hecho reciente, ha sido en la primera década del siglo xxi cuando se ha manifestado con mayor fuerza la urgencia de reflexionar sobre el conflicto. En sintonía con lo que sucede en muchas partes del mundo, estamos frente a una coyuntura de protagonismo de la memoria. Algunos de los factores relacionados con esta situación son, de un lado, la continuidad del conflicto y su degradación, la reactivación de casos cerrados (toma del Palacio de Justicia, exterminio de la Unión Patriótica), la desmovilización de los grupos paramilitares regulada por la Ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005) y, del otro, la internacionalización de la justicia, la configuración del movimiento por la memoria como movimiento social, y la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).¹ Este "boom de la memoria" se ve representado en el incremento de las iniciativas no oficiales que, a su vez, se han convertido en una fuerza de la sociedad civil para hacer frente al conflicto; en el aumento de las reflexiones y los trabajos académicos; en las investigaciones que sobre casos emblemáticos viene realizando el Grupo de Memoria Histórica,² y en el auge de las producciones culturales y las prácticas artísticas relativas a la memoria y a su correlato el olvido.

En la última década se han librado en el país numerosas batallas por la memoria, en las que desde distintos ámbitos se ha querido abordar "el pasado no resuelto" enmarcándolo en una multiplicidad de versiones complementarias, divergentes o en choque. El carácter endémico del conflicto colombiano se ha convertido en motivo de preocupación constante de distintas entidades, que han asumido la tarea de analizar los relatos que constituyen nuestro pasado reciente. A ello se suma la potente demanda social sobre el pasado y la necesidad de realizar una explicación científica de él; entre activistas y académicos se establecen relaciones de complementariedad, en la medida en que todos propenden por el trabajo de la memoria.

Tenemos entonces una coyuntura de conflicto crónico, en la cual las víctimas y la sociedad civil reclaman del Estado colombiano justicia y garantías de no repetición; los organismos y gobiernos internacionales, por su parte, solicitan a las autoridades dar respuesta a las demandas de las víctimas, a la vez que hacen permanentes llamados de atención y recomendaciones para superar la violencia. A esta creciente demanda de verdad y memoria que hacen las víctimas, la sociedad civil y la comunidad internacional, se suma la respuesta estatal, que ha venido configurando una memoria oficial.

¿Cómo construir verdad y memoria? A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, la pregunta sigue vigente y esto se ve representado en el mapa complejo de memorias: en algunos lugares se escuchan voces, mientras en otros se mantiene el silencio. Se perciben ostensibles contrastes entre las dinámicas de producción de memoria, situación que se corresponde con las distintas tramas de los conflictos y de los actores que intervienen en ellos. En general, se observa un desequilibrio en los procesos de producción de memoria, entre las regiones que, tras haber amainado las situaciones de violencia intensa, han logrado construir escenarios de diálogo y de expresión social de sus demandas y las regiones que aún hoy siguen sufriendo el conflicto. Algunos hechos violentos, también emblemáticos, por la intensidad, la extensión y la barbarie, ingredientes de un conflicto crónico y no "tramitado", se quedan por fuera de los estudios. En este último caso no existen ni los espacios, ni las condiciones, ni las garantías para construir memoria. Una eventual activación de los recuerdos puede causar nuevas violencias o potenciar las latentes. Además, cabe anotar que, a pesar del sinnúmero de víctimas que ha producido el conflicto, el recuerdo directo es compartido solo por determinados grupos; para amplios sectores sociales en Colombia, la guerra que desangra al país es un hecho abstracto.

En este contexto se sitúan los estudios sobre memoria colectiva del conflicto que fueron analizados. En su conjunto los trabajos abordados, intentan reconstruir procesos políticos y sociales sucedidos en las últimas décadas; permiten analizar las batallas por reinterpretar y reasignar sentidos al pasado; posibilitan identificar actores e instituciones comprometidas con el ejercicio de recordar y hacer recordar el sufrimiento de las víctimas; hacen referencia a las formas como los sujetos, las comunidades, y el Estado, entre otros; están registrando las memorias del conflicto. En relación con este último punto interesa, particularmente, mirar cómo en algunos de estos estudios se ha comenzado a abordar el tema del registro de la memoria, del archivo como elemento fundamental dentro de los procesos de lucha contra la impunidad y el olvido.

A continuación se presenta entonces, un balance de la relación entre memoria, archivos y derechos humanos que aparece representada en los estudios sobre memoria del conflicto armado en Colombia. El balance aparece ambientado por el cuerpo normativo que le da sustento. En el estado de la cuestión sobresalen tres elementos fundamentales: primero, se plantea la urgencia de hacer inventarios de los archivos de derechos humanos, esto como medida para garantizar el derecho a la memoria, la verdad y la justicia; segundo, se menciona la importancia de tener archivos accesibles, desclasificados y preservados; por último, se hace referencia a la necesidad de que la metodología y la teoría archivística evolucionen para dar respuesta a los retos que plantea la situación de vulnerabilidad de las víctimas, esto acompañado de políticas que identifiquen y promocionen los archivos como garantes de la memoria colectiva.

2 Archivos y derechos humanos en Colombia: contexto normativo

Antes de entrar en materia con el tema del registro de la memoria es preciso hacer un recuento del marco normativo colombiano en el que ésta se inscribe. Actualmente, se cuenta con la Ley general de archivos (2000), que regula la función archivística en el país. Igualmente, con la Ley de justicia y paz (2005), una de las primeras en incluir disposiciones específicas y claras en relación con los archivos y el derecho a la verdad. Por ejemplo, en su artículo 57 se refiere a la "conservación de los archivos" para garantizar el derecho a la memoria, y en el 58 trata sobre las medidas de acceso a los mismos. De acuerdo con dicha Ley, el acceso "debe ser facilitado en el interés de las víctimas y de sus parientes para hacer valer sus derechos". Este artículo complementa el 37, referido a la obligación del Estado de investigar y el derecho de las víctimas a acceder al expediente judicial para participar en el proceso de establecimiento de la verdad; además, con esta Ley se dio el primer paso al contemplar la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), una de cuyas tareas prioritarias ha sido salvaguardar los testimonios de las víctimas, reconstruir los hechos y estructurar narraciones históricas que den cuenta del conflicto. En ese sentido, se ha optado por la verdad judicial como herramienta para establecer la verdad de los hechos sucedidos con anterioridad a las negociaciones de paz entre el Estado y los grupos armados ilegales.

De otro lado, con la Ley de víctimas y restitución de tierras (2011) se avanza otro poco al entender la reparación como "toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas". Es evidente que se han concentrado esfuerzos en la defensa de la memoria colectiva, de cierta manera, se ha comprendido que ella resulta indispensable para garantizar la reparación simbólica. En el caso concreto de los archivos la Ley plantea la creación del Centro de la Memoria Histórica, el cual tendrá entre sus funciones "reunir y recuperar todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones" sufridas por las víctimas.

3 Registro de las memorias y derechos humanos

En términos generales, al analizar los estudios de memoria colectiva del conflicto en Colombia, se evidencia que sin la suficiente documentación de los casos no es posible avanzar en el esclarecimiento de la verdad, en la promoción de la justicia y en la reparación a las víctimas. A continuación se hará un recorrido por algunas investigaciones y estudios, publicados en Colombia, en la última década, que han planteado la relación entre memoria, archivo y derechos humanos.

Desde instituciones no gubernamentales se han hecho esfuerzos por resaltar el papel de los archivos. Así, por ejemplo, la Corporación Nuevo Arco Iris, a través del Programa Poblaciones Afectadas por el Conflicto, elaboró un conjunto de monografías que intentan dar cuenta de la dinámica de la guerra en el país y de la memoria de las víctimas. En estas investigaciones se proponen, con base en el derecho a la verdad o el derecho a saber, una serie de medidas tendientes a preservar los archivos que tengan relación con las violaciones a los derechos humanos (Ila; Gil Olaya, 2007, p. 114). Esta misma organización no gubernamental, en el texto Recordar para no repetir, menciona la importancia de la constitución de archivos de organizaciones sociales y de víctimas, para documentar los hechos de violencia.

Más allá de la participación en el actual proceso de Justicia y Paz, la documentación de los casos puede servir para que las organizaciones sociales y de víctimas construyan su propio archivo de las víctimas. Asimismo, recolectar y ordenar la información en archivos puede dar lugar al análisis de esta información para las propias organizaciones, además de consolidar un registro de los casos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La importancia de un archivo también radica en que permite conservar y recuperar la información cuando se requiera, lo cual, en un futuro próximo, puede permitir el acceso a posibles procesos judiciales, o bien a denuncias ante instancias internacionales sobre tales violaciones, además de constituir un insumo valiosísimo para construir la memoria de las propias víctimas. Asimismo, la recolección, documentación y archivo de la información de las víctimas podría ser de utilidad para demostrar la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Sobre todo en los casos de violencia sexual, que es uno de los crímenes de guerra que persiste invisibilizado en el conflicto armado. (Gil Olaya; Ila, 2007, p. 60-61).

Desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado, el Grupo de Memoria Histórica, adscrito a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), propone en su plan estratégico, elaborado en 2007:

La construcción de un Archivo Nacional de la Memoria, patrimonio del Estado y de la sociedad. El material —documentos, testimonios, datos, objetos— así recopilado y sistematizado no sólo cumpliría una función pedagógica y de sensibilización frente a las nuevas generaciones que quieren saber más de la violencia para evitarla, sino que también resulta indispensable para reelaboraciones posteriores de la memoria nacional, para la reapertura de procesos y de nuevos juicios en la doble dimensión de valoraciones procesales e históricas. (Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007).

Esta conciencia archivística esbozada hace pensar que el trabajo del Grupo de Memoria Histórica está acompañado del esfuerzo por registrar, ordenar y sistematizar cada paso dado y cada documento producido o recibido. Esto se ve también reflejado en los recientes informes producidos por el Grupo en los cuales se ha hecho uso de los archivos para esclarecer los hechos atroces, derivados del conflicto armado, que ha sufrido el país. Además de utilizar los documentos existentes, en algunos de estos informes, especialmente en el de Bojayá, se han hecho importantes recomendaciones en materia de reparación a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, al Archivo General de la Nación como coordinador del Sistema Nacional de Archivos, a las demás entidades públicas competentes, y a organizaciones no gubernamentales, entre otros, con el fin de que se creen las condiciones para que los familiares de las víctimas y la sociedad en general puedan tener acceso a los documentos y, a través de ellos, a la verdad (Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007, p. 312-316).

En esta misma línea de los esfuerzos oficiales se enmarca la realización, en el año 2008, del Primer seminario internacional: archivos, memoria y derecho a la verdad, por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación. Este evento, enmarcado en la lucha contra la impunidad, fue un esfuerzo por la promoción y la protección de los derechos humanos y, específicamente, un adelanto en los propósitos de conservar la memoria, divulgar la verdad y salvaguardar los archivos producidos en el marco del conflicto.

De otro lado, proyectos interdisciplinarios como Recordar en conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, reconocen la existencia de archivos como los del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y los del proyecto Colombia Nunca Más, como verdaderos ejemplos de preservación de las memorias del conflicto; de ellos se dice que han sido recopilados durante años y que conservan testimonios y pruebas de violaciones, torturas, desapariciones; que se crearon con el propósito de registrar quiénes fueron las víctimas y los victimarios, quiénes fueron los beneficiarios y cuáles sus motivaciones, esto con el fin de reparar a las víctimas y sancionar a los culpables. Se trata de documentación exhaustiva de casos que algunas veces sirven de apoyo en las investigaciones judiciales (Briceño et al., 2009).

Tras un proceso de intervención psicosocial con personas involucradas en el conflicto armado en Bucaramanga y su Área Metropolitana, Nelson Molina, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, junto a otros investigadores, propone que los contenidos de memoria colectiva, recolectados a través de historias de vida, deben conservarse en archivos para que en el futuro se conozcan, de fuentes primarias, los sucesos del conflicto armado político del país. Estos acervos documentales deben servir de domicilio a las historias de vida de todos los actores del conflicto, nombrados en este caso como: afectados (víctimas), ofensores (victimarios) y ofendidos (sociedad civil) (Molina Valencia, 2010, p. 64-75).

Desde otra orilla, el antropólogo Alejandro Castillejo Cuéllar, en Los archivos del dolor, estudia la reciente historia política sudafricana, esto le lleva necesariamente a pensar la realidad latinoamericana de las últimas décadas, concretamente los procesos vividos en Perú y en Colombia. En relación a nuestro tema de interés, Castillejo plantea reflexiones sobre la memoria, sobre las formas de nombrar el pasado, sobre el disenso y los problemas que entraña el proceso de archivar las experiencias dolorosas derivadas del conflicto. Al respecto dice:

De ahí la vital importancia de mirar con cautela iniciativas de reconstrucción histórica, de los límites que la definen, de las formas de recolección e interpretación del pasado [...]. En este sentido, hay que mirar las leyes que decretan sobre el pasado, que producen eventos y desaparecen otros. Estos serán los documentos y los archivos de los futuros investigadores, historiadores y ciudadanos. Ante la reciente marea de leyes para permitir desmovilizaciones, resulta muy particular el silencio de muchos historiadores alrededor de la producción del archivo y, por lo tanto, del pasado. La sola presencia del superviviente no asegura que su voz no sea, paradójicamente, doblemente secuestrada. (Castillejo Cuéllar, 2009, p. 332).

Cabría entonces preguntarse por los usos políticos que se le dan a los testimonios de las personas que han sido afectadas o que han participado en el conflicto, una vez que las palabras han sido archivadas a través de ciertos mecanismos específicos de recolección y circulación; también vale preguntarse por la responsabilidad de los archivistas y académicos en la producción de los archivos.

Producto de la obra humana, el archivo es selectivo y parcial, pues al mismo tiempo que conserva, ordena y prueba, también silencia y oculta. Es paradójicamente, lugar de memoria y de olvido, de inclusión y exclusión. La labor de selección es indispensable, no es posible conservarlo todo. De esta manera, el proceso de archivado se hace con el fin de conservar, de preservar los documentos, a partir del establecimiento de procesos de selección que permiten responder a dos preguntas claves: qué conservar y qué eliminar. Los procesos de selección se establecen en función de la utilidad futura que pueden tener los documentos, esto es, previa valoración. Ante la falta de muchos testimonios, los archivistas e investigadores debemos asumir la imposibilidad de construir una memoria única de los eventos traumáticos.

En este mismo sentido, bien vale la pena considerar la expansión del concepto de archivo de manera que abarque un sinnúmero de expresiones que no siempre son registradas en soportes convencionales. Un aporte novedoso a la concepción de los archivos lo hace la antropóloga María Victoria Uribe, quien, citando a Diana Taylor, plantea la relación entre "archivos" y "repertorios":

[...] desde épocas coloniales los archivos estuvieron al servicio del poder colonial, mientras que lo que ella denomina "el repertorio", o sea, la memoria encarnada en el cuerpo, ha sido el capital por excelencia de las comunidades. Taylor define como "repertorio" los gestos, la performatividad, la oralidad, el movimiento, la danza y el canto, entre otras manifestaciones, y dice que son un tesoro de inventiva que le permite a la gente participar en la producción y reproducción de conocimiento por el solo hecho de hacer parte de su transmisión.

Como parte de su definición de lo que denomina archivos, Taylor menciona algunos documentos relacionados con la violencia, como fotografías y restos humanos de las personas desaparecidas que quedan esparcidos por el territorio. (Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2009, p. 23).

Esta contribución, situada en el caso colombiano, resulta de suma utilidad para pensar los efímeros actos y los comportamientos derivados de las luchas sociales que, por lo general, no dejan huella en los archivos. En la mayoría de los casos, estas representaciones sociales no pueden citarse porque no han quedado registradas. En este sentido, es preciso que las expresiones performativas, que por sus características no pueden ser contenidas en el archivo, sean recuperadas y conservadas como repertorios. Cabría entonces preguntarse por los vínculos entre archivo y repertorio, por el papel de los repertorios en la transferencia de memorias e identidades sociales.

4 Conclusiones

Como es sabido por todos, el conflicto colombiano continúa, lo que da lugar a una situación paradójica en la que la puesta en marcha de las medidas de posconflicto debe convivir y enfrentarse a la persistencia real de las luchas violentas por el poder. Los intentos de reconstruir y preservar la memoria se ven frecuentemente amenazados o frustrados por la continuidad de las lógicas violentas. Por ello, y aun en medio de la profusión de memorias, hay hechos que continúan silenciados y los afectados permanecen a la espera de ser amparados por el derecho a la memoria que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos. Razón de más para valorar y promover los archivos del conflicto como un dique de contención a los intereses de quienes pretenden hundir buena parte del pasado reciente en el olvido. La memoria colectiva es frágil y depende del testimonio vivo de las víctimas y de sus familiares, de manera que retrasar su registro bien puede significar perderla para siempre.

Aunque en el país se ha empezado a generar conciencia acerca de la importancia de los archivos en relación con la salvaguarda de los derechos humanos, es necesario crear políticas públicas tendientes a su organización, custodia y servicio sobre la base de criterios legales, políticos y archivísticos comunes, pero respetando las decisiones de cada organización (respecto, por ejemplo, a prioridades en cuanto al procesamiento técnico); se trata de poner a disposición para su consulta —en una única base de datos— documentos que en muchos casos no estaban siquiera ordenados, pero sin despojar a la sede de su memoria, esto es, centralizar la información sin centralizar los acervos documentales, cuya pertenencia a la institución es la que le otorga la calidad de archivo institucional. Se trata entonces de preservar pero también de favorecer el acceso a la documentación y, en este mismo sentido, promover la cooperación entre los distintos archivos.

Sumado al cuerpo normativo existente, la experiencia de los países del Cono Sur debería servir de base para el tratamiento de estos acervos documentales. Hoy en día contamos con una importante bibliografía sobre el tema, de la que hacen parte trabajos como "La casa, la calle, el Estado" de Ludmila Da Silva Catela (2000), sobre la apertura y el acceso a los archivos de organismos brasileños de represión; Los archivos de la represión: documentos y verdad, de Elizabeth Jelin y Ludmila Da Silva Catela (2002); "Los archivos del terror de Paraguay: la historia oculta de la represión", de Myrian González Vera (2002); "Reconstruir desde restos y fragmentos. El uso de archivos policiales en la antropología en Argentina", de Darío Olmo (2002). Sobre los archivos de los derechos humanos, "Chile y su archivo de la resistencia", de María Paz Vergara (2004). Sobre la necesidad de historizar el pasado vivo y la importancia de los archivos: "Archivos de la represión y memoria en la República Argentina", de Federico Lorenz (2007); "Archivos para el estudio del pasado reciente en Chile", de Jennifer Herbst y Patricia Huenuqueo (2007) y "Los archivos de los derechos humanos en el Perú", de Ruth Elena Borja Santa Cruz (2007), por mencionar sólo unos cuantos.

Es conveniente que al movimiento de activación de la memoria le corresponda un proceso amplio y consolidado de creación, organización, descripción, conservación y servicio de los archivos, entre ellos los orales que recogen los efímeros testimonios de las víctimas. En este sentido, cabe destacar la labor que viene realizando Archiveros sin Fronteras Colombia, organización que en el marco del proyecto Recuperación de archivos y documentos en el Cono Sur y de dictaduras y gobiernos represivos en Iberoamérica, liderado por Archiveros sin Fronteras Internacional, ha emprendido el proyecto Censo de Archivos del sector de los archivos de derechos humanos en Colombia, con el propósito de localizar la documentación relativa a las víctimas del conflicto armado que ha venido sufriendo el país durante décadas. La identificación de estos archivos podría beneficiar a la justicia y a las víctimas y, por supuesto, servir de fuente para la investigación.

Si bien se han hecho adelantos en la materia, aún queda mucho por hacer en cuanto al reconocimiento de los archivos y de los profesionales preparados para su gestión y conservación como elementos idóneos para la garantía de los derechos humanos. Es necesario crear conciencia acerca del papel que cumplen los documentos, memoria del pasado, en un proyecto de futuro más justo y más humano. Cuidar los archivos, darlos a conocer y facilitar el acceso a su consulta forman parte de un mismo objetivo que se completa con la investigación, la divulgación y la utilización para fines educativos.

Ahora, también es necesario advertir que la existencia de archivos y centros de documentación, y aun el conocimiento y la información sobre el pasado, sus huellas en distintos tipos de soportes reconocidos, no garantizan su evocación. Sólo en la medida en que son activadas, en que son vinculadas a acciones orientadas a dar sentido al pasado, interpretándolo y trayéndolo al escenario del drama presente, esas evocaciones cobran centralidad en el proceso de restablecimiento del tejido social.

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Fecha de recepción: 07/12/2011. Fecha de aceptación: 14/03/2012.

Notas

¹ Comisión creada a partir de la Ley de justicia y paz (Ley 975 de 2005). Desde entonces ha tenido a su cargo funciones como las de acompañar los procesos de desmovilización de actores armados ilegales, facilitar la reincorporación de los mismos, atender de manera integral a las víctimas, ejecutar políticas de justicia y verdad, y generar mecanismos de reparación para ellas.

² El Grupo de Memoria Histórica es un grupo de investigación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que tiene como objetivo elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identifique "las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales" (Ley 975 de 2005), así como las distintas verdades y memorias de la violencia, con un enfoque diferenciado y una opción preferencial por las voces de las víctimas que han sido suprimidas o silenciadas. Además, el grupo formula propuestas de política pública que propicien el ejercicio efectivo de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.