La Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza durante la Guerra Civil (1936–1939)

 

[Versió catalana]


Luis Blanco Domingo

Profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia
Universidad de Zaragoza

 

Resumen

Objetivo: analizar el significado y la transcendencia de la Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza durante la Guerra Civil (1936–1939), el contexto que impulsó su nacimiento, la procedencia de sus integrantes y su repercusión sobre los servicios ordinarios de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Metodología: análisis de fuentes bibliográficas, hemerográficas y documentales vinculadas al tema.

Resultados: comprensión del significado, alcance y contenidos de la Comisión de Zaragoza.

Resum

Objectiu: analitzar el significat i la transcendència de la Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza durant la Guerra Civil (1936-1939), el context que en va impulsar el naixement, la procedència dels integrants i la repercussió que va tenir sobre els serveis ordinaris de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

Metodologia: anàlisi de fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i documentals vinculades al tema.

Resultats: comprensió del significat, de l’abast i dels continguts de la Comisión de Zaragoza.

Abstract

Objective: to examine the importance of the purging committee known as the Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza (“Library Purification Committee of the University District of Zaragoza”) during the Spanish Civil War (1936–1939), considering the origins of the committee, its members’ provenance and its impact on the university library’s daily life and services.

Methodology: analysis of books, the press and other associated documentary sources.

Results: understanding the meaning, impact and structure of the Zaragoza Committee.

 

1 Introducción

El presente trabajo afronta el estudio de la Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza durante la Guerra Civil (1936–1939). La institución, creada con carácter finalista el 28 de octubre de 1937, intentó canalizar y gestionar la depuración de libros considerados nocivos por el bando sublevado, amparada en el ordenamiento jurídico del "Nuevo Estado".

La escasa fortuna bibliográfica del tema aumenta el interés por abordar el análisis de un órgano instrumental, que responde a la necesidad de control cultural del bando sublevado, y que condiciona el funcionamiento y las actividades de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza.

 

2 La cobertura legal: de la represión indiscriminada a la institucionalización

Desde los albores del levantamiento militar, el bando sublevado estaba plenamente convencido de que la política cultural de la República era una de sus principales enemigas, a la que había que combatir con toda la energía que fuera posible. No solo por cuanto consideraba que sus ideas habían contribuido a desatar una conciencia crítica que amenazaba el orden y la armonía social de la etapa anterior, sino también porque con el desmantelamiento y la destrucción de sus más evidentes representaciones (los libros) se garantizaría la extensión y permanencia de las coordenadas ideológicas del Nuevo Estado.1

La Universidad de Zaragoza se convirtió en el epicentro de un movimiento de críticas acervas a la Institución Libre de Enseñanza, dominada por el catolicismo social como dogma, y que propugnaba la imposición de una alternativa confesional en contraposición a los ideales institucionistas. No constituyen, por tanto, una sorpresa las exaltadas y exacerbadas palabras del rector Gonzalo Calamita, quien manifestaba que era necesario erradicar y purificar los libros sectarios para evitar la destrucción de la propia sociedad, equiparándolos a los estupefacientes (Calamita, 1937).

Las memorias de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza (BUZ) incidían en los mismos términos justificativos, para contribuir "a una formación basada en la moralidad, la religión y un concepto de patria más acorde con el pasado histórico español".2

La represión de los libros adquirió cobertura legal desde el primer momento, aunque de forma más indiscriminada y aleatoria al no elaborar catálogos de obras censurables, circunstancia que indujo a la confusión y al caos en no pocas bibliotecas, que, ante la duda sobre la sintonía y comunión con las nuevas ideas, elaboraron índices de libros prohibidos con un criterio tan amplio como aterrador.3

La primera decisión adoptada fue la Orden del 4 de septiembre de 1936, en la que se acusaba al gobierno republicano de haber difundido entre la infancia obras de contenido marxista y se solicitaba no solo su inmediata destrucción mediante la intervención de los gobernadores civiles, alcaldes y delegados gubernativos, sino también mediante el control de las obras docentes utilizadas en las escuelas.4 Por su parte, el decreto de 13 de septiembre no solo declaraba ilegales todas las personas, partidos e instituciones que hubieran formado parte del Frente Popular, sino que ordenaba la incautación de todos sus bienes, y mencionaba expresamente sus documentos en el artículo segundo.5 A pesar de la intención de que se mantuvieran, desde el principio y hasta la resolución de los diversos expedientes, bajo la tutela de funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, debido a su mayor capacidad para garantizar su conservación, la realidad fue que tanto las actuaciones iniciales como la custodia documental correspondieron de facto bien a la Guardia Civil, al ayuntamiento o a Falange.6

La Orden de 23 de diciembre de 1936 declaraba ilegales todo tipo de obras y textos "disolventes" y redundaba en la idea de su eficacia como elementos difusores de las doctrinas revolucionarias, que hacía necesaria la adopción de medidas radicales que aseguraran su desaparición.7 Representa un claro precedente de la posterior constitución oficial de las comisiones depuradoras de bibliotecas al designar una serie de instituciones, entre ellas las propias bibliotecas universitarias, como los lugares destinados a recibir los libros decomisados. Tan solo aquellos que justificaran "la utilidad o necesidad científica de su consulta" podrían acceder a estas obras.8

Pero será sin duda alguna la disposición de septiembre de 1937 la que dote de carta de naturaleza a las comisiones depuradoras en cada uno de los distritos universitarios controlados por el ejército nacional.

 

3 El nacimiento de la Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza

La directiva marcaba un programa de actuación ambicioso y difícil de cumplir por lo exiguo de los plazos establecidos. En primer lugar, encargaba a los gobernadores civiles una lista nominal de todo tipo de bibliotecas y salas de lectura o centros recreativos y culturales que poseyeran una.9 El artículo segundo marcaba la constitución de las comisiones depuradoras, de las que formarían parte "el Rector de la Universidad o persona en quien delegue como presidente; un Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad respectiva; un representante designado por la Autoridad eclesiástica de la capital correspondiente al asiento de la Universidad; un vocal propuesto por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos; un vocal designado por la Autoridad Militar de la División correspondiente; un Vocal nombrado por la Delegación de Cultura de F.E.T; y un padre de familia propuesto por la Asociación Católica de Padres de Familia de la capital del Distrito".10 Tras su formalización, dicho organismo solicitaría de aquellas personas encargadas de dirigir las salas de lectura y bibliotecas de los distintos centros el catálogo o índice de todas las obras susceptibles de depuración. Si no existiera, exigiría la redacción urgente e inmediata de este, sin que ello supusiera limitación alguna para que se designaran vocales que inspeccionaran aquellos establecimientos que estimaran conveniente. Una vez disponibles los catálogos solicitados, la comisión ordenará, siguiendo la legislación vigente en la zona nacional, la retirada de aquellos libros, folletos, revistas, publicaciones, grabados e impresos contrarios a los ideales del Nuevo Estado y aquellos otros que propagaran las doctrinas marxistas.11

La Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza se constituyó de forma oficial el 28 de octubre de 1937. Pero las tareas que se le encomendaron tuvieron dos antecedentes previos. El primero, instigado por el gobernador civil de la provincia, Julián Lasierra Luis,12 consistió en el envío de órdenes a todos los alcaldes de la provincia para que, siguiendo el espíritu de la Orden del 4 de septiembre, se destruyeran los libros "nocivos".13

El segundo tuvo como protagonista principal al rector de la Universidad de Zaragoza, Gonzalo Calamita, cuya radicalidad y enfervorizada defensa de los principios inspiradores del golpe de Estado le indujeron a diseñar un modelo de depuración propio. Primero solicitó el envío de los catálogos a las bibliotecas escolares, tras lo cual asignó a la Instrucción de Primera Enseñanza de Zaragoza la potestad de depurar las obras consideradas peligrosas, tanto las vinculadas con la docencia como aquellas que integraran la biblioteca escolar, advirtiendo de la imposición de graves sanciones a aquellos profesores que actuaran de forma negligente o pasiva,14 y confeccionar un listado de esas obras, compuesto finalmente por 4.289 títulos, que contrasta significativamente con el redactado por Pascual Galindo, presidente de la Comisión, más breve, intencionado y selectivo. En el propio preámbulo se expone su verdadera intención: servir de modelo expurgador para todas las provincias que paulatinamente se iban conquistando "para cumplir como nosotros, con el mayor entusiasmo patriótico, lo dispuesto en tan trascendental disposición" (Catálogo general…, 1936).

En la siguiente fase intervendría una comisión designada y tutelada por él mismo, que tendría como objetivo el estudio y clasificación final de las obras, separando las permitidas de las que debían ser retiradas de la consulta pública.15

Andrés de Blas (2011) señala la evidente contradicción entre las disposiciones del gobernador civil, dirigidas a eliminar directa y contundentemente todas las obras que se consideraran sospechosas o contrarias al Nuevo Estado, frente al mandato del rector, indirecto y en principio menos traumático, al establecer un filtro mediante la confección de los catálogos. Sin embargo, el alcance de la orden de Calamita se redujo a la provincia de Zaragoza.16

Ambos antecedentes, y sus consecuencias en forma de destrucción masiva de libros, explican en buena medida la ausencia de títulos y autores marcadamente izquierdistas o revolucionarios entre los listados e informes que manejó la Comisión, y que integraron el registro que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.

 

3.1 Los integrantes

La designación de los miembros que participarían en la comisión del distrito universitario de Zaragoza se rigió evidentemente por los patrones marcados por la orden citada. Los nominados por parte de cada uno de los estamentos que estaban involucrados en el cumplimiento de la orden fueron:

Como representante de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Riba García, catedrático de Historia Moderna y Contemporánea. Más allá de su participación como autor en la obra Una poderosa fuerza secreta, que pretendía deslegitimar intelectualmente los parámetros ideológicos de la Institución Libre de Enseñanza y afirmar los principios del nacionalcatolicismo, su implicación en el apoyo a los sublevados durante la Guerra Civil pasó también por su intervención en la censura epistolar y de prensa, formando parte de los docentes seleccionados por el rector Calamita para supervisar su control.17

Guillermo Legaz Jerez, presbítero beneficiado de la parroquia de San Pablo y notario mayor de la curia eclesiástica, fue el designado por el arzobispado de Zaragoza.18 Licenciado en Sagrada Teología y catedrático de Religión, es el autor de Elementos de religión y moral, un exitoso compendio de religión y moral que fue profusamente utilizado en los centros de enseñanza. La obra debió de gozar de una considerable popularidad, a juzgar por las tres ediciones conocidas desde la primigenia en el año 1901 en Zaragoza.19

Esteban Sancho Sala, facultativo propuesto por la Jefatura de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Zaragoza,20 en calidad de secretario.

Antonio Torres Bestar, comandante de infantería del Servicio de Estado Mayor, designado por la autoridad del 5.º Cuerpo de Ejército.

Vicente Lope Ondé, propuesto por la Asociación Católica de Padres de Familia, quien más tarde, en 1945, sería designado juez comarcal de Quinto.

Benito Paricio Barril, como miembro de la Delegación de Cultura de Falange Española y Tradicionalista (FET), tras una designación complicada y dilatada en el tiempo, que provocó fricciones entre los dirigentes provinciales falangistas y el malestar de Calamita.21

Pascual Galindo, vicerrector de la Universidad de Zaragoza, personaje atractivo y peculiar no solo por su condición de presidente de la Comisión, sino también por la azarosa y en muchos casos contradictoria actividad que protagonizó desde el estallido del conflicto, que le sorprendió en Madrid, hasta el "viraje falangista" que experimentara al final de la guerra, circunstancia que suscitó numerosos recelos entre los sublevados sobre su autenticidad ideológica.

Ello explica que su actividad en Zaragoza durante estos años no se redujera tan solo a presidir la Comisión, sino que incrementara su participación en numerosos actos de respaldo a la causa nacional, y colaborara en la prensa local, sobre todo en el diario El Noticiero,con un verbo encendido e inequívocamente rendido a la necesidad de acelerar la derrota del gobierno republicano. Galindo se mueve, por tanto, entre la necesaria justificación del converso o la natural y sentida afirmación del partidario fiel y convencido, que tuvo que renunciar momentáneamente a sus ideas para sobrevivir.

 

3.2 Las actividades

La enorme dificultad que entrañaba cumplir el plazo de dos meses para culminar la confección de los catálogos motivó que la propia Comisión acordara medidas tendentes a suavizar las exigencias y acomodar la petición a tiempos más razonables: prorrogar por dos meses el plazo señalado; el nombramiento de auxiliares "de reconocida solvencia técnica y moral" para colaborar en su realización y la aplicación de una metodología de trabajo basada en marcar como prioritarias las bibliotecas más frecuentadas y las escolares, dejando para una segunda etapa las universitarias y los seminarios, no solo por estar clausuradas en el momento de la contienda, sino también porque sus usuarios no son "lectores de escasa formación cultural". En esa misma notificación se establecía un plazo de ocho días para redactar y elevar a la Comisión una sucinta memoria de los trabajos realizados hasta la fecha.22

La memoria, redactada por Pascual Galindo,23 señala las actuaciones realizadas desde su constitución. Constata problemas derivados de la situación fronteriza de la región universitaria con los frentes de batalla, de la colisión con las propias ocupaciones de los miembros de la Comisión, y de la carencia de catálogos y ficheros en algunas de las bibliotecas objeto de su actuación. El día 5 de noviembre se dirigió a los gobernadores de todas las provincias que conformaban el distrito universitario para que difundieran, tanto de forma oficial en los boletines provinciales como por medio de la prensa local, un comunicado en el que emplazaba a todos aquellos responsables de las bibliotecas y salas de lectura a que le entregaran una copia completa del índice, fichero o lista de libros. Dicha copia debería estar integrada al menos por los siguientes campos bibliográficos: autor, título de la obra, casa editorial o imprenta, año de impresión, número de tomos si hay más de uno, número de ejemplares (completos o incompletos). La entrega debía realizarse en el término improrrogable de veinte días a contar desde la fecha de publicación en el Boletín oficial.24

Galindo evidencia que el anuncio se publicó en el Boletín oficial de Zaragoza del día 6 de noviembre y en la prensa de la misma ciudad los días 6 y 7 del mismo mes, situación que además fue ratificada por la posterior comunicación que recibiera del gobernador de Zaragoza en esos términos. A pesar de que señala que no puede corroborar si la misma notificación se extendió al resto de las zonas bajo su control, los hechos demuestran que fue así, puesto que a partir de ese momento comenzaron a llegar listas y ficheros del expurgo y depuración de bibliotecas de Huesca, Teruel, Logroño, Soria y Guadalajara.

Galindo muestra su malestar porque la Junta de Cultura de Navarra asumió las funciones que a su juicio debían corresponder a la comisión con sede en Zaragoza. A tenor de la documentación, no debió de ser la única provincia que o bien intentó asumir la potestad de desarrollar la actividad depuradora, o bien no supo entender el significado de esta.25

Navarra formaba parte del distrito universitario que tenía su sede en la Universidad de Zaragoza. Sin embargo, la Junta Superior de Educación de dicha provincia le concedió la potestad de actuar de forma independiente en lo que concierne a la depuración de bibliotecas, disponiendo de una comisión propia y autónoma de la jurisdicción universitaria zaragozana.26 Indudablemente en esta decisión había tenido mucho peso la intensidad y celo con que había afrontado tal misión desde los inicios de la sublevación, habida cuenta de la influencia del carlismo en la zona. La Junta Superior de Navarra había expurgado en esas fechas un centenar de bibliotecas (Andrés de Blas, 2011).27

Galindo marcaba como fecha límite de remisión de ficheros y listas el 10 de diciembre, fecha a partir de la cual establecía un calendario de reuniones. Constataba la subsistencia de dudas entre los encargados de las bibliotecas sobre la forma de proceder con sus fondos, por lo que estimaba necesaria la ampliación del plazo hasta el 20 de diciembre. Hasta que ello sucediera, tanto él como Sancho Sala se dedicarían a la clasificación de los libros y la asignación de categorías con el fin de agilizar la tarea encomendada.

Tras esta primera fase, era preciso realizar una labor de investigación complementaria, basada en la verificación y contraste del grado de cumplimiento de los centros. Sin embargo, consciente de las enormes dificultades que puede plantear una labor tan ciclópea, hace constar que carecía de los medios necesarios de comunicación, investigación, vigilancia, comprobación y realización para afrontar con garantías de éxito tal cometido.

En cuanto al funcionamiento interno y grado de asunción de responsabilidades de cada uno de los miembros integrantes, si nos atenemos a una interesante carta enviada por Galindo al cardenal Gomà, las actividades de la Comisión tuvieron como único protagonista al propio vicerrector de la Universidad de Zaragoza, quien no solo redactó la lista de las obras que deberían ser retiradas de las bibliotecas siguiendo las disposiciones de las autoridades de Burgos,28 sino que también asumió el papel de único representante y valedor de la Comisión ante la presencia puramente "nominal" del resto de sus integrantes (Andrés Gallego; Pazos, 2009, p. 208).

 

3.3 La legitimación normativa

La dificultad de realizar un listado homogéneo de libros sospechosos que pudiera utilizarse de forma uniforme por las distintas comisiones no impide señalar la enorme influencia que algunas obras de inspiración claramente tridentina y ultracatólica sobre la práctica de la lectura tuvieron sobre su formación. Entre ellas destacan los escritos del obispo de Jaca Antolín López Peláez29 y sobre todo del jesuita Pablo Ladrón de Guevara.30

En 1938, Lasso de la Vega, director de la Jefatura del Servicio de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, consideraba que debían retirarse de la consulta pública todas las obras que integraban los lotes destinados a las bibliotecas municipales por la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas.31 En esta opinión subyace tanto el intento de simplificar y facilitar las tareas depuradoras como el de evitar las numerosas contradicciones y dudas suscitadas entre las personas encargadas directamente de su captación, muchas de ellas con nulos conocimientos no ya sobre cómo realizar el proceso técnico, sino incluso sobre los autores y obras susceptibles de considerarse subversivas.32

La Orden de 8 de junio de 1938, a pesar de reconocer que el plazo de dos meses resultaba difícil de cumplir, debido a la enorme dificultad que suponía la clasificación de los fondos, proceso que implicaba no solo el examen minucioso, sino incluso la lectura exhaustiva y pormenorizada de estos, acumulados en dichos centros, censuraba que las comisiones de depuración actuaran con una lentitud incompatible con la urgente necesidad de reglamentar y canalizar el uso público de todos los establecimientos afectados. Por ello, instaba a los citados organismos a que terminaran en el plazo ineludible de un mes todas las tareas encomendadas, y remitieran una memoria explicativa de sus actividades a la Jefatura de Archivos y Bibliotecas. Una vez resuelto, se procedería a su definitiva disolución.

Marcaba, además, algunas pautas genéricas y un tanto ambiguas sobre los criterios objetivos de actuación, atendiendo no solo a las obras antirreligiosas, pornográficas y propagadoras de ideas disolventes, sino a aspectos relacionados con la clasificación por edades o los rasgos psicológicos e intelectuales del lector.33 Sin embargo, la comisión cesaraugustana, entre otras, retrasó considerablemente el envío no solo de sus conclusiones, sino incluso de los antecedentes sobre su composición y normas de actuación.34

No obstante, la dificultad del cumplimiento de los plazos en la confección de los catálogos bibliográficos que posibilitaran y agilizaran la depuración de los fondos produce las primeras controversias. La autocrítica velada no se redujo al incumplimiento temporal. Miguel Artigas, inspector jefe de Bibliotecas, dio cuenta a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado de la recepción de numerosas comunicaciones y comentarios de los directores de las bibliotecas servidas por los facultativos en referencia a la dificultad de cumplir los requerimientos dictados por la Orden de 16 de septiembre de 1938, que disponía el destino de los fondos bibliográficos, distinguiendo entre los establecimientos gestionados por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y aquellos que no lo estaban.

Estos últimos debían proceder a enviar las listas de obras expurgadas a las bibliotecas universitarias si se encontraban en provincias que dispusieran de ellas. Guipúzcoa, Lugo y Navarra las remitirían a los archivos de las delegaciones de Hacienda, y el resto a las bibliotecas públicas y de instituto servidas por el Cuerpo.35

Los facultativos le interpelaban sobre si debían enviar los catálogos completos de estas bibliotecas para facilitar los trabajos de depuración.36 Artigas respondió que estimaba que no era preciso que se enviaran catálogos a las comisiones depuradoras desde aquellos establecimientos dirigidos o gestionados por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, puesto que el reglamento y la normativa vigente impedía ya desde muchos años atrás la adquisición en aquellos establecimientos de obras disolventes o de contenido pornográfico. Consideraba que el análisis de los índices debía ser supervisado por los directores facultativos de las bibliotecas junto con miembros de las comisiones de depuración, y que las obras expurgadas deberían enviarse en depósito a la biblioteca o archivo estatales de cada provincia.

Además de crear los llamados infiernos o zonas de acceso restringido a la consulta de los usuarios, la disposición reconocía la evidente disparidad de criterios que había presidido las políticas de actuación de las distintas comisiones de depuración, y la necesidad de unificar las normas sobre el uso y la custodia de los infiernos. Sobre este problema se manifestó el propio inspector jefe de Archivos, Gómez del Campillo, consciente de que la inexistencia de normas homogeneizadoras y los escasos conocimientos bibliográficos de quienes habían realizado los expurgos provocaban enormes desfases con los objetivos planteados, y ponía como ejemplo la desmesurada actuación de la comisión sevillana.37 A partir de ese momento, y de forma periódica, se enviaron a todas las bibliotecas universitarias de la zona controlada por el gobierno de Burgos listas de obras que debían ser retiradas de sus fondos.38

Sin embargo, Enrique Suñer, vicepresidente de la Comisión, desestimó la sugerencia de Artigas por la posible presencia de obras susceptibles de depuración. A pesar de reconocer el celo y la profesionalidad del personal de las bibliotecas en el control previo de estas, la política bibliotecaria republicana podría haber impuesto la presencia de libros contrarios al Nuevo Estado.39

 

3.4 Los resultados: la formación del infierno

La Biblioteca de la Universidad de Zaragoza se convirtió en el centro de control y recepción de las obras depuradas en las diferentes localidades. En cada una de ellas se nombraba un representante o encargado, generalmente el maestro o el párroco, encargado de recopilar todos aquellos volúmenes susceptibles de ser retirados, en numerosas ocasiones guiado por su intuición, su temor a no satisfacer las ansias revanchistas de las autoridades o por acendradas convicciones ideológicas. La inexistencia de un listado concreto y exhaustivo impedía, como ya hemos visto, cualquier conato de unificación de criterios.

Tras recibir los envíos, generalmente meses después de su preparación por los problemas de transporte referidos anteriormente, Sancho Sala, como secretario de la Comisión y bibliotecario, verificaba los contenidos, y se encargaba de confeccionar un registro que iniciara el 20 de octubre de 1938, clasificado por localidades y estructurado mediante números currens, en el que incorporaba los volúmenes utilizando como campos el número, el autor, el título de la obra, el año de la edición, los volúmenes y las observaciones pertinentes en su caso.40

El total de obras recogidas en el registro de libros depurados alcanzó la cifra de 802, mientras que las localidades afectadas fueron 277, con un total de 310 bibliotecas, situadas en las provincias de Zaragoza, Huesca, Teruel, Guadalajara, Logroño y Soria. La enorme variedad temática y de autores responde, en general, a la inconcreción y disparidad de criterios que contenían las disposiciones emanadas por la Comisión de Cultura y Enseñanza, que enviaba constantemente ampliaciones tanto de títulos como de creadores que debían retirarse de las bibliotecas objeto de depuración. La presencia de muchos de ellos resultaría realmente sorprendente si no tuviéramos en cuenta las pretensiones de sus instigadores. El objetivo final de las autoridades del bando nacional era eliminar cualquier rastro de la política bibliotecaria republicana mediante la desaparición planificada tanto de las bibliotecas populares como, sobre todo, de las bibliotecas de Misiones Pedagógicas.

Como ya hemos mencionado, muchas de las obras susceptibles de formar parte de este registro habían desaparecido en la vorágine destructora de los primeros meses del conflicto. Pero también algunos ejemplares fueron enviados a la Instrucción de Primera Enseñanza (IPE) siguiendo las órdenes enviadas desde el rectorado. La casuística es muy diversa y heterogénea. La ausencia de una normativa clara motivó que las actuaciones tuvieran diferentes protagonistas según las localidades. Alcaldes, grupos de falangistas o requetés incontrolados, presidentes de la junta local, la policía o los propios párrocos encabezaron los procesos.41

En otras ocasiones sí se precisa cuáles fueron los títulos arrojados al fuego o destruidos. La mayoría de las obras fueron retiradas en septiembre de 1936 de la biblioteca y han permanecido retenidas a la espera de órdenes concretas.42

También disponemos de testimonios en los que las personas encargadas de realizar la depuración solicitan aclaraciones o manifiestan dudas sobre los fondos que albergan las bibliotecas de sus localidades, generalmente adoptando criterios preventivos.43

Algunos casos denotan la lógica ausencia de control.44

El número total de las obras que integraron el infierno de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza fue de 802, escritas por 361 autores, con un total de 4.966 ejemplares depurados.
 

  Gráfico 1. Bibliotecas depuradas por provincias

Gráfico 1. Bibliotecas depuradas por provincias

 

En relación con el tipo de bibliotecas depuradas, es abrumadora la presencia de las bibliotecas de Misiones Pedagógicas en comparación con las escolares, municipales, circulantes y casinos.45
 

Gráfico 2. Tipología de bibliotecas depuradas

Gráfico 2. Tipología de bibliotecas depuradas

 

3.5 Análisis temático

La comparativa con los resultados del expurgo de otras comisiones de depuración conocidas ofrece pocas variaciones, por lo que, aunque de forma tácita, sí parece existir un hilo conductor común: el pensamiento ultraconservador de raíz católica.46

Establecer una taxonomía de las obras expurgadas supone, en primer lugar, afrontar la dificultad que comporta por el carácter tan arbitrario y heterogéneo señalado. Los errores de adscripción de autores a determinados géneros, la presencia en los listados de obras aparentemente inocuas y "neutras" con las coordenadas ideológicas de los sublevados e incluso el propio desconocimiento de la literatura expurgada por parte de los que elaboraban las listas condicionan enormemente su realización.

A ello debemos añadir que la consigna de eliminar todo aquello que guardara relación con la política bibliotecaria de la II República y el impulso que supusieron las bibliotecas de las Misiones Pedagógicas provocó que muchas obras fueran destruidas durante los primeros días de la guerra, y por tanto llegaran en escaso número a las comisiones depuradoras. Unas fronteras bélicas excesivamente permeables, determinadas por los avances y retrocesos de las tropas en conflicto, tampoco favorecían el control efectivo del proceso.

Además, la ausencia de libros de actas o documentación que reflejen el día a día de la comisión cesaraugustana impide un exhaustivo análisis del significado de sus actuaciones.

No obstante, podemos señalar un primer grupo conformado por obras pedagógicas inspiradas por el concepto de escuela única o con una idea laica y aconfesional de la enseñanza, muy en la línea institucionista.47

Otro grupo lo integran las obras de contenido político, que llegaron muy diezmadas a la Biblioteca Universitaria de Zaragoza debido a que su evidente conexión con la República y las corrientes izquierdistas las convirtió rápidamente en objetivos del fuego "redentor". En muchas ocasiones se incluían en este bloque los análisis históricos elaborados por políticos republicanos, los estudios sociales o jurídicos de institucionistas y, por supuesto, los textos legales que conformaban la estructura organizativa e institucional de la República.

En el ámbito literario era donde existía un menor consenso y un mayor comportamiento arbitrario por parte de las comisiones. Hay unanimidad en la censura de los escritores rusos, tanto por su procedencia geográfica, que se relacionaba ingenuamente con el régimen comunista, como por su atmósfera humanista, y por supuesto aquellas obras firmadas por franceses, cuya revolución era considerada el germen de las democracias burguesas, y ello sin tener en cuenta el fuerte compromiso social.48

Otro bloque está formado por libros de carácter filosófico, sobre todo aquellos que defienden el antropocentrismo y atacan, por tanto, los fundamentos del tradicionalismo católico. Podemos unir a estos aquellos escritos que atentaban contra el concepto tradicional de la mujer, relegada a un segundo plano, fuera del modelo de madre ejemplar y abnegada que predicaba el Nuevo Estado, las que abordan la sexualidad desde un prisma exclusivamente científico, o las procedentes de editoriales que publicaron obras consideradas cercanas a las ideas republicanas o liberales como Maucci o Espasa-Calpe, o las traducciones de autores clásicos auspiciadas por Blasco Ibáñez.

La gran mayoría de las obras que conformaron el infierno de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza respondían a la consideración de literarias (85 %), situación muy lógica si tenemos en cuenta que las obras políticas o sospechosas de cercanía con los ideales republicanos resultaban mucho más sencillas de identificar, y por tanto fueron las primeras en ser destruidas antes de la llegada de la orden de 1938.

 
Categoría Obras
%
Literatura
683
85,16
Contenido político
82
10,22
Pedagogía
37
4,6
Total
802
100

Tabla 1. Porcentaje por materias de obras depuradas

 

Si nos atenemos a un estudio cuantitativo del catálogo de obras depuradas en poder de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, la que cuenta con un mayor número de ejemplares retirados es Cómo enseña Gertrudis a sus hijos, de Pestalozzi, seguida de Historia de la civilización española de Rafael Altamira, como se observa en el siguiente gráfico.
 

Gráfico 3. Libros más depurados en el distrito de Zaragoza

Gráfico 3. Libros más depurados en el distrito de Zaragoza
 

Cómo enseña Gertrudis, traducción de Lorenzo Luzuriaga, pedagogo de orígenes institucionistas que evolucionó hacia el socialismo dinamizador del movimiento de la Escuela Nueva, que buscaba aproximar a obreros e intelectuales, y defensor de la escuela estatal y laica predicada por la República. Altamira desarrolló una gran labor en la Institución Libre de Enseñanza, y una de sus obras más conocidas es la que referimos, en la que introduce en la historiografía el concepto de historia total, y un concepto de civilización española de corte europeísta y regeneracionista, alejado de las visiones épicas de Menéndez Pelayo. Curiosos…, obra del científico Enrique Rioja, vinculado con la reforma educativa de la República y con el Patronato de Misiones Pedagógicas. Azorín, no por razones ideológicas sino de su publicación.

 

4 Conclusiones

La obsesión antiintelectual que acompañaba a una parte relevante de las autoridades y dirigentes del bando sublevado no podía obviar el significado del libro como elemento que atentaba gravemente contra sus parámetros ideológicos.

Su destrucción descontrolada al inicio del conflicto abrió paso a una reglamentación que legalizaba el bibliocausto y lo organizaba mediante las comisiones depuradoras de bibliotecas, surgidas en cada uno de los distritos universitarios del territorio controlado por el bando nacional. La establecida en Zaragoza estaba dirigida por el sacerdote y prestigioso latinista Pascual Galindo, quien, tras múltiples avatares, se erigiría en portavoz de la mixtificación ideológica entre Falange y catolicismo.

Nacida en 1937, no cesó en sus actividades hasta 1940. El imposible cumplimiento de los plazos establecidos para entregar el catálogo de las obras depuradas; las fricciones competenciales con Navarra, teóricamente dependiente desde el punto de vista orgánico del distrito universitario de Zaragoza; los recelos de Lasso de la Vega sobre la implicación de Sánchez Viejo; la confusión provocada por la inexistencia de criterios comunes para todas las comisiones depuradoras; la escasez de infraestructuras y las dificultades de movilidad por la carencia de medios de transporte, la inexistencia de recursos económicos y el propio escenario bélico; y el inusitado protagonismo de Pascual Galindo, que trataba de contestar con afirmaciones rotundas la sombra de la sospecha constante que se cernía sobre él, son las señas de identidad de este órgano.

Las obras retiradas por la comisión zaragozana alcanzaron la cifra de 802, con un total de 4.966 ejemplares depurados. Poseían una gran heterogeneidad temática, si bien parece existir una tendencia a erradicar todos los fondos que integraban las bibliotecas de Misiones Pedagógicas impulsadas por la República.

No obstante, no debemos obviar la posibilidad de que las discrepancias y contradicciones surgidas en su seno fueran debidas a cierta resistencia por parte de algunos facultativos a obedecer las órdenes de destrucción o depuración de las obras. No olvidemos que, a pesar del sesgo evidentemente ideológico de las decisiones de las autoridades del bando nacional, los encargados directos de la aplicación de las medidas acordadas eran bibliotecarios que difícilmente podrían sentirse satisfechos con esas medidas. La propia legitimización de las comisiones canalizará, en parte, la inquietud y preocupación por la suerte del patrimonio bibliográfico en manos de incontrolados, y dotará de cobertura legal la salvación de numerosas obras.

 

Bibliografía

Alted Vigil, Alicia (1984). Política del nuevo estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la guerra civil española. Madrid: Dirección General de Bellas Artes y Archivos.

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1937, septiembre 23, Zaragoza. Pedro Sánchez Viejo, director de la BUZ, contesta al Rector que se ha acordado designar a Esteban Sancho Sala, funcionario facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos como vocal de la Comisión. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Caja 18-D-1.

1937, septiembre 25, Zaragoza. Oficio del arzobispo Rigoberto Doménech y Valls nombrando al presbítero Guillermo Legaz como vocal de la Comisión Depuradora de Bibliotecas. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Caja 18-D-1-4.

1937, septiembre 30, Zaragoza. Oficio del Rector a la Delegación de Cultura de Falange Española sobre designación de vocal para la Comisión Depuradora de Bibliotecas. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Caja 18-D-1.

1937, octubre 4, Zaragoza. Oficio del Rector de la Universidad de Zaragoza a Enrique Suñer sobre el nombramiento del vocal de Falange Española para la Comisión Depuradora de Bibliotecas. AGA. Educación. Caja 31/4753.

1937, octubre 29, Zaragoza. Carta de Gonzalo Calamita a Enrique Casado, Gobernador Civil de Soria comunicándole que su provincia queda bajo la competencia de la Comisión Depuradora de Bibliotecas de Zaragoza. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Caja 18-D-1.

1937, noviembre 25, Zaragoza. Oficio de Miguel Artigas a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado sobre si es necesario que los establecimientos dirigidos o gestionados por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos envíen los catálogos a las Comisiones Depuradoras de Bibliotecas. AGA. Educación. Caja 31/4753.

1937, diciembre 3, Zaragoza. Memoria redactada por el Vicerrector y Presidente de la Comisión Depuradora de Bibliotecas de Zaragoza. AGA. Educación. Caja 31/4753.

1937, noviembre 25, Zaragoza. Orden de la Comisión de Cultura y Enseñanza solicitando la redacción de una memoria sobre los trabajos realizados hasta la fecha por la Comisión Depuradora de Bibliotecas. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Caja 18-D-1.

1937, diciembre 11, Vitoria. Oficio de Enrique Suñer a Miguel Artigas sobre los catálogos de los establecimientos gestionados por funcionarios del Cuerpo Facultativo. AGA. Educación. Caja 31/4753.

1938, Zaragoza. Lista abreviada de libros expurgados de la Biblioteca municipal y escolar, 1937–38. ABUZ.

1938, Zaragoza. Memoria de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza. AGA. Educación. Caja 31/5549.

1938, junio 8, Vitoria. Circular de Pedro Sáinz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional sobre la depuración de bibliotecas. ABHMV. Fondo Lasso de la Vega.

1938, mayo 21, Vitoria. Oficio de Javier Lasso de la Vega a Miguel Artigas sobre depuración de libros. AGA. Educación. Caja 31/4753.

1938, octubre 4, Vitoria. Oficio de Javier Lasso de la Vega a diversas Comisiones de depuración de Bibliotecas. AGA. Educación. Caja 31/4653.

1938, octubre 20, Zaragoza. Bibliotecas depuradas. Registro de entrada de obras. ABUZ.

 

Notas

1 Sobre la política bibliotecaria y el papel otorgado al libro durante la Segunda República, véase Ana Martínez Rus (2003).

2 Archivo General de la Administración. Educación. Memoria de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, año 1938. Caja 31/5549.

3 Ana Martínez Rus (2014, p. 37) recupera la confesión de Lasso de la Vega sobre el sentido real de la Orden de 17 de agosto de 1938 que creaba las comisiones, que no era otro que el de regularizar la depuración, sustituyendo "la destrucción indiscriminada de libros por la creación de secciones de reservados y prohibidos" (Lasso de la Vega, 1942, p. XLVII).

4 "Orden de 4 de septiembre de 1936. Ampliando a todos los Centros docentes las reglas contenidas en la Orden de esta fecha relativa a los Institutos nacionales". Boletín oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, n.º 18, Burgos, 8 de septiembre de 1936.

5 "Decreto n.º 108. 13 de septiembre de 1936". Boletín oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, n.º 22, 16 de septiembre de 1936.

6 "Orden de 10 de junio de 1938 dictando normas sobre incautaciones o embargo de bibliotecas pertenecientes a agrupaciones o particulares". Boletín oficial del Estado, n.º 597, 11 de junio de 1938.

7 "Orden declarando ilícitos el comercio y circulación de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos o de literatura disolvente". Boletín oficial del Estado, n.º 66, 24 de diciembre de 1936.

8 Existen numerosas coincidencias entre el contenido de esta orden y el bando del 4 de septiembre de 1936 proclamado por el general Queipo de Llano en Sevilla sobre recogida y expurgo de libros, que ofreció la coartada necesaria para los saqueos llevados a cabo por falangistas y la Guardia Civil en Córdoba y Sevilla (Martínez Rus, 2014, p. 39).

9 "Orden dictando normas sobre depuración de Bibliotecas públicas". Boletín oficial del Estado, n.o 332, 17 de septiembre de 1937.

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Julián Lasierra Luis era comandante de la Guardia Civil y había sucedido al fusilado Vera Coronel tras el triunfo militar. Se mantuvo en el cargo hasta el 14 de abril de 1938. "Decreto disponiendo cese en el cargo de Gobernador civil de Zaragoza D. Julián Lasierra Luis". Boletín oficial del Estado, n.o 540, 14 de abril de 1938. Le sustituyó Francisco Planas Tovar.

13 "Orden del Gobernador Civil sobre incautaciones". Boletín oficial de la provincia de Zaragoza, 12 de septiembre de 1936.

14 "Orden del Rectorado del Distrito Universitario de Zaragoza a la Instrucción de Primera Enseñanza". Boletín de educación de Zaragoza, n.º 2, septiembre–octubre de 1936.

15 Ibidem. En el mismo número se decía que por parte de los alcaldes y delegados gubernativos de los pueblos "se ha hecho ya en las Bibliotecas escolares una preliminar labor de eliminación". Y también se recordaba que el mismo procedimiento se seguiría en las localidades que se fuesen ganando para la causa nacional.

16 Logroño se había distanciado de esos criterios siguiendo la circular de su gobernador civil, el capitán de artillería Emilio Bellod, mano derecha del general Mola, en la que ordenaba a los alcaldes y agentes de autoridad de la provincia "con toda urgencia y el máximo interés, procedan, convenientemente asesorados, al examen detenido, expurgo y recogida de cuántos libros, folletos y demás publicaciones existan en dichas Bibliotecas". "Circular del Gobernador Civil ordenando la incautación de libros". Boletín oficial de la provincia de Logroño, 5 de septiembre de 1936. La propia Instrucción de Primera Enseñanza riojana lanzó una circular en la que, debido a la imposibilidad de acometer directamente la depuración de las obras, encomendaba a los maestros, con la reforzada autoridad de los alcaldes, la destrucción física de los libros a los que se refería la orden de septiembre. Solo si existía una duda razonable aconsejaba retirar los textos de la consulta y que se le enviara un ejemplar para evaluarla y tomar una decisión. Una vez concluida la operación, ordenaba que se le remitiera un catálogo de los libros no sometidos ni a consulta ni a la voracidad del fuego, para evitar que ningún título sospechoso escapara de su control. "Circular de la Instrucción de Primera Enseñanza sobre depuración de libros". Boletín de educación de la provincia de Logroño, n.º 23–24, septiembre–octubre de 1936.

17 Los elegidos son: por la Facultad de Filosofía, el mencionado Carlos Riba García y José María Castro Calvo; por la Facultad de Ciencias, Jesús Camón Cano; por la Facultad de Derecho, Gregorio de Pereda Ugarte, Luis del Valle Pascual y Salvador Minguijón Adrián, y por la Facultad de Medicina, Antonio Lorente Sanz, Ángel Abós Ferrer, Joaquín Aznar Molins, Alfredo Hernández Irribarren, Mariano Alvira Lasierra y Francisco Oliver Rubio. El rector especifica que en el caso de los profesores de Medicina tuvieran que pasar "forzosamente a servicios más apremiantes", en referencia al conflicto bélico. 22 de septiembre de 1937. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Listado de personas encargadas del servicio de censura. Caja 18-D-1.

18 Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Oficio del arzobispo Rigoberto Doménech y Valls nombrando al presbítero Guillermo Legaz como vocal de la Comisión Depuradora de Bibliotecas. 25 de septiembre de 1937. Caja 18-D-1-4.

19 Tanto la primera edición (1901) como la segunda (1906) fueron editadas en Zaragoza por Mariano Salas, mientras que la tercera edición fue a cargo de La Editorial de Madrid en 1915. Su contenido responde al arquetipo de los libros moralizantes emanados desde el más estricto cumplimiento de la doctrina católica: nociones preliminares sobre esta, sus dogmas y preceptos, con el ánimo de influir sobre los comportamientos sociales y políticos del país.

20 Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Pedro Sánchez Viejo, director de la BUZ, contesta al Rector que se ha acordado designar a Esteban Sancho Sala, funcionario facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos como vocal de la Comisión. 23 de septiembre de 1937. Caja 18-D-1.

21 El propio rector se dirigió a la Delegación Nacional de Cultura de FET el 30 de septiembre por cuanto todavía no se había designado el vocal, y era preciso que la organización provincial del partido propusiera al candidato que considerara más idóneo. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Oficio del Rector a la Delegación de Cultura de Falange Española sobre designación de vocal para la Comisión Depuradora de Bibliotecas. Zaragoza, 30 de septiembre de 1937. Caja 18-D-1-4. En un oficio de 4 de octubre de 1937 dirigido al vicepresidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, Enrique Suñer, y para justificar que la tardanza en el nombramiento no es atribuible a su actuación, arguye que "el Vocal que ha de nombrar la Delegación de Cultura de FET no lo ha sido hasta la fecha pues ni la Delegación Nacional ni la de Zaragoza lo ha verificado no obstante haberlo solicitado de ambos este Rectorado". AGA. Educación. Oficio del Rector de la Universidad de Zaragoza a Enrique Suñer sobre el nombramiento del vocal de Falange Española para la Comisión Depuradora de Bibliotecas. Caja 31/4753.

22 Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Orden de la Comisión de Cultura y Enseñanza de 25 de noviembre de 1937 solicitando la redacción de una memoria sobre los trabajos realizados hasta la fecha por la Comisión Depuradora de Bibliotecas. Caja 18-D-1.

23 Archivo General de la Administración. Educación. Memoria redactada por el Vicerrector y Presidente de la Comisión Depuradora de Bibliotecas de Zaragoza. 3 de diciembre de 1937. Caja 31/4753.

24 "Anuncio de la Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza", Boletín oficial de la provincia de Zaragoza, 6 de noviembre de 1938. Heraldo de Aragón, 6 y 7 de noviembre de 1938.

25 Gonzalo Casado, gobernador civil de Soria, le hace llegar sus dudas sobre si afectan al territorio de su competencia las disposiciones y decisiones adoptadas por la Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza, inquietud a la que Galindo contesta que todas las provincias integradas en el distrito, entre ellas la suya, quedan bajo su jurisdicción, y aprovecha la carta para notificarle que se encuentra en pleno funcionamiento y que solicitará en breve su colaboración. Archivo Histórico Universitario de la Universidad de Zaragoza. Secretaría general. Documentación relativa a asuntos originados por disposiciones dictadas durante el Movimiento Nacional. Carta de Gonzalo Calamita a Enrique Casado, Gobernador Civil de Soria comunicándole que su provincia queda bajo la competencia de la Comisión Depuradora de Bibliotecas de Zaragoza. 29 de octubre de 1937. Caja 18-D-1.

26 Un oficio del vicepresidente de la Diputación Foral y Provincial de Navarra, Juan Pedro Arraiza, traslada los nombres de los integrantes de la Comisión: "Daniel Nagore Nagore por delegación del Presidente de la Junta Superior de Educación; Pedro Navarro Villanueva como autoridad militar; por parte del obispado Santos Beguiristáin y Julián Espelosín; por la Asociación Católica de Padres de Familia Luis Ortega Angulo y por FET y de las JONS Ignacio Baleztena; el Profesor de Psicología del Instituto de 2ª enseñanza Francisco Fuentes y el Archivero de la Excma. Diputación José María de Huarte". AGA. Educación. Oficio del Vicepresidente de la Diputación Foral y Provincial de Navarra a la Comisión de Cultura y Enseñanza. Caja 31/4753. Berruezo Albéniz (1998) amplía la lista con los nombres de los censores adjuntos, Eduardo Lázaro, Casimiro Repáraz, Juan Sarrasín, Mariano Lampreave, Francisco Jiménez, P. Hermenegildo de Ciaurriz, P. Crispín de Riezu, P. Pío de Estella, P. Javier de Abárzuza, P. Aquilino de la Virgen del Carmen, P. Tarsicio del Purísimo Corazón de María, P. Pérez Goyena, P. Ismael San Pedro, P. Constancio Armendáriz, P. Joaquín Esprit, Joaquín Roch, Pedro Alfaro, Alejandro Zuza, Miguel Razquin, Manuel Ochoa Jaéfl, Bernardo Lacarra y Luis Gutiérrez de Estella.

27 Para profundizar en el tema véase Berruezo Albéniz (1998).

28 En el Archivo de la BUZ hemos encontrado un listado escrito a mano que pudiera ser el borrador de la lista a la que se refiere en su carta, de carácter impreso. ABUZ. Lista abreviada de libros expurgados de la Biblioteca municipal y escolar, 1937–8. En él figura la siguiente advertencia: "De los siguientes autores: Anatole France, Balzac, Blasco Ibáñez, Burgos (o sea Colombine = Carmen de Burgos), Dumas (h.), Dumas (hijo), Eça de Queiroz, Ehrenbourg, Gide, Giner de los Ríos, Goncourt, Maupassant, Pérez de Ayala, Poncela, Tolstoi, Trigo, Zamacois y Zola se retirarán toda clase de obras". A ellos añade Ponson du Terrail, Nitti, todos los ejemplares de la Biblia que no sean católicos, y las leyes, reglamentos y comentarios sobre la Constitución de la República de 1931. Y sobre Pérez Galdós señala: "En general se retirarán todas las novelas, esto es, todas las obras que no sean Episodios Nacionales. Episodios Nacionales: se retirarán los siguientes: Prim.- Carlos VI en la Rápita.- De Cádiz a Lepanto.- Cánovas".

29 Antolín López Peláez (1933). La primera edición es de 1908.

30 30 Su celebérrima obra Novelistas malos y buenos (Ladrón de Guevara, 1910) fue elevada a la categoría de autoridad como criterio de clasificación moral de los escritores. Tuvo cuatro ediciones antes del estallido del conflicto, en los años 1910, 1928 y 1933.

31 Memoria de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas. Madrid, 1932–1933.

32 No resulta baladí considerar que el propio Lasso conocía perfectamente los objetivos de la institución y su modus operandi, ya que reemplazó provisionalmente a Fernando Arias Parga en abril de 1935 como representante de la Asociación de Bibliotecarios y Bibliógrafos de España en la institución (Martínez Rus, 2003, p. 102).

33 ABHMV. Fondo Lasso de la Vega. Circular de Pedro Sáinz Rodríguez, Ministro de Educación Nacional sobre la depuración de bibliotecas. 8 de junio de 1938.

34 Gómez del Campillo, inspector jefe de Archivos, señalaba en julio que Zaragoza no había enviado los antecedentes de la depuración de bibliotecas, mientras que el propio Lasso de la Vega solicitaba información sobre sus actuaciones a las comisiones de los distritos de Salamanca, Oviedo, La Laguna y Zaragoza el 4 de octubre de ese mismo año. AGA. Educación. Oficio de Javier Lasso de la Vega a diversas Comisiones de depuración de Bibliotecas. Vitoria, 4 de octubre de 1938. Caja 31/4653.

35 La Orden de 17 de agosto, que completaba la labor realizada por las Juntas Depuradoras de Bibliotecas creadas en virtud de la Orden de 16 de septiembre de 1937, disponía el destino de los fondos bibliográficos, distinguiendo entre los establecimientos gestionados por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos y los que no. "Todas las bibliotecas que hayan sido censuradas y que no estén servidas por el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos procederán en el plazo más breve posible a remitir a las Bibliotecas que a continuación se señalan las obras incluidas en las listas confeccionadas. Las correspondientes a las provincias donde hubieran universidades se remitirán a las Bibliotecas Universitarias. Todas salvo Guipúzcoa, Lugo y Navarra, que pasan a los Archivos de las Delegaciones de Hacienda, irán a las bibliotecas públicas y de Instituto de la capital servidas por el Cuerpo. El envío irá acompañado de una relación por triplicado: una de ellas se devolverá tras realizar el cotejo, a la Biblioteca de origen; otra en la Biblioteca donde se depositen los fondos, para formar en su totalidad el inventario de las obras recogidas; la tercera a la Jefatura de Bibliotecas, Archivos y Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Educación." "Orden de 17 de agosto". Boletín oficial del Estado, n.o 52, 21 de agosto de 1938.

36 AGA. Educación. Oficio de Miguel Artigas a la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica de Estado sobre si es necesario que los establecimientos dirigidos o gestionados por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos envíen los catálogos a las Comisiones Depuradoras de Bibliotecas. Zaragoza 25 de noviembre de 1937. Caja 31/4753.

37 AGA. Educación. Oficio de Gómez del Campillo sobre normas de los libros depurados. Caja 31/4653. Un posterior oficio enviado por Lasso de la Vega a Miguel Artigas como inspector jefe de Bibliotecas señalaba cuál era el listado bibliográfico de las obras que "a su juicio deben ser separadas del servicio al público por considerarlas perniciosas o de lectura contraria a la ideología del Glorioso Movimiento Nacional. El Catálogo uniforme de dichas Bibliotecas es el que aparece en las páginas 9–18 de la publicación n.º 8 de La Junta de Intercambio y Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas". AGA. Educación. Oficio de Lasso de la Vega a Miguel Artigas sobre depuración de libros. Vitoria, 21 de mayo de 1938. Caja 31/4753.

38 Un ejemplo es la minuta recibida en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, en la que se ordenaba "los libros que se deben retirar por ser perniciosos y contrarios a la ideología del Glorioso Movimiento Nacional". Eran los siguientes: "Jiménez de Asúa, L. Proceso histórico de la Constitución de la república española 1932; Ossorio y Gallardo, A. Cartas a una señora sobre temas de derecho político. 1932; Schlesinger, M.L. El Estado de los soviets. Trad. De Manuel Pedroso, 1932; Los cuatro jinetes del apocalipsis, 1919; Entre naranjos, 1919; La rebelión de las masas, 1933; Doña Perfecta, 1927; Realidad. Novela en cinco jornadas, 1916, Sonata de estío. La Condesa de Cela; Sonata de Otoño; Memorias del Marqués de Bradomín, 1930; Tablado de Marionetas para educación de príncipes, 1930; Wilde, O. El retrato de Dorian Gray, trad. De Julio Gómez de la Serna; Mann, T. Mario y el encantador. Penas tempranas, 1932; Suttner, B. de Abajo las armas, 1932; Barbusse. El fuego. Diario de una escuadra, 1930; Andreiev. Los siete ahorcados, trad. del ruso por G. Portnof, 1931; Dostoiewski, G. Las noches blancas. Ilucha; Gogol. Las almas muertas, 1930; Tolstoi, La sonata a Kreutze trad. de Francisco Carles.; Altamira, R. Historia de la civilización española". ABUZ. Jefatura de Archivos y Bibliotecas. Listado de libros a retirar. 13 de junio de 1938.

39 AGA. Educación. Oficio de Enrique Suñer a Miguel Artigas sobre los catálogos de los establecimientos gestionados por funcionarios del Cuerpo Facultativo. Vitoria, 11 de diciembre de 1937. Caja 31/4753.

40 ABUZ. Bibliotecas depuradas. Registro de entrada de obras. 20 de octubre de 1938.

41 Acered (Zaragoza) constata que su alcalde decidió quemar 22 libros en octubre de 1936, mientras que remitió uno a la IPE, con lo que tan solo llegaron a la BUZ 11 títulos de los 34 que figuraban en el listado. En Torralba del Burgo (Soria) algunos libros fueron retirados por Falange sin que en el momento de elaborar los listados se conociera su paradero, y otros fueron separados siguiendo las directrices marcadas por la IPE. Nuez de Ebro (Zaragoza) comunica que han sido depuradas e inutilizadas obras en varias ocasiones por los jefes de las milicias mientras ha permanecido el frente tan cercano a sus límites jurisdiccionales. Villarquemado (Teruel) envía tarde la remesa porque algunas obras estaban en poder de lectores de los frentes.

42 Valtueña (Soria) envía las tapas de los libros quemados para su comprobación. La Biblioteca Escolar de Utebo (Zaragoza) informa de que se había procedido a la quema en varias ocasiones de obras cuya lectura no convenía a los niños, ya por su contenido moral, ya por su tendencia partidista.

43 Desde San Felices (Soria) mandan 11 libros que, aunque no figuran en la lista de prohibidos, "no nos parecen del todo buenos, y ante la duda creemos prudente enviarlos". El maestro de Torrelapaja (Soria, actualmente en Zaragoza) indica que envía todas las obras de Pérez Galdós contenidas en la biblioteca porque no las tiene leídas, y desea conocer el juicio de la Comisión Depuradora sobre ellas.

44 En Canfranc (Huesca) el bibliotecario hace constar que de los 354 volúmenes que existían en el catálogo de 1 de septiembre de 1938 solo se han localizado 186, y que se ignora el paradero de los restantes. Daroca (Zaragoza) indica que la obra Sin novedad en el frente había sido sustraída o bien había desaparecido a causa de los muchos traslados derivados de la requisa doble. Imón (Guadalajara) comunica que la última vez que alojó tropas desaparecieron varias obras cuyos títulos no puede precisar.

45 Las cifras no deberían resultar sorprendentes sobre todo en el caso de Soria, por cuanto el objetivo principal que perseguía el Servicio de Bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas era establecer centros en localidades con una densidad de población inferior a 5.000 habitantes, y preferentemente en aldeas de entre 50 y 200 personas. Muchas de las localidades depuradas en la provincia castellana presentaban esas cifras en sus censos (Boza Puerta; Sánchez Herrador, 2004, p. 41–51).

46 Alicia Alted se hacía eco del dictamen sobre el expurgo de libros, realizado por la Comisión Depuradora de San Sebastián, y que muy bien pudiera convertirse en el arquetipo de las concepciones que amparaban y legitimaban las decisiones de retirada de obras (Alted Vigil, 1984, p. 64).

47 Autores como Antonio Ballesteros, Domingo Barnés, Margarita Comas, Dewey, Hernández Ruiz, Lacroix, Montessori o Pestalozzi son los más representativos de esta tendencia.

48 Es muy constante la presencia de escritores como Victor Hugo o Alejandro Dumas. Entre los españoles sorprende la inclusión de Azorín, pero menos la de un republicano convencido y militante como Blasco Ibáñez, o un crítico social tan mordaz y surrealista como Valle-Inclán.

Cita recomendada

Blanco Domingo, Luis (2018). "La Comisión Depuradora de Bibliotecas del Distrito Universitario de Zaragoza durante la Guerra Civil (1936–1939)". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 40 (juny) . <http://bid.ub.edu/es/40/blanco.htm>. DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2018.40.14 [Consulta: 16-11-2018].